Con 40 días acumulados desde que el Gobierno de Estados Unidos acusó una presunta relación con el narcotráfico a 10 funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Sinaloa, entre ellos el ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, el Partido Sinaloense catalogó como delicada la situación que enfrenta la entidad.
El presidente del PAS, Robespierre Lizárraga Otero, afirmó que Sinaloa atraviesa una etapa complicada, tras hacerse públicas las acusaciones y los efectos que estas han tenido en la sociedad.
“Complicadísima. La situación de violencia e inseguridad decanta en otros problemas muy graves; no solamente en la incertidumbre y la seguridad personal y patrimonial de las personas, sino también en la economía, la educación y, evidentemente, la salud. Es una crisis gravísima, como nunca en nuestra historia”.
En caso de culpabilidad; que se aplique todo el peso de la ley
Tras la entrega de por lo menos dos de los funcionarios a las autoridades estadounidenses, el dirigente del partido añadió que espera que se haga justicia y que se castigue con todo el peso de la ley a quien resulte responsable.
“En la medida en que se aplique la ley, se esclarezcan los hechos y se asuman las consecuencias, en caso de haberlas, el pueblo y la ciudadanía recobrarán la confianza en las instituciones. Es necesario que se sepa la verdad, que se aclaren los hechos y que, de existir alguna responsabilidad, se aplique todo el peso de la ley”.
Crítica es necesaria: también la participación ciudadana
Finalmente, Lizárraga Otero aseveró que, si bien es necesaria la crítica ante lo que sucede, también es indispensable que la sociedad aporte ideas y participe activamente para cambiar el rumbo político que, a su juicio, lleva la entidad a raíz del gobierno morenista de Rubén Rocha Moya.
