Tras las acusaciones hacía el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios del estado, reveladas en Nueva York este miércoles 29 de abril, destapa una red de corrupción que habría permitido al Cártel de Sinaloa operar con respaldo dentro de las propias instituciones.
Autoridades estadounidenses señalan que la facción de “Los Chapitos” no solo imponía su poder con violencia, sino a través de una maquinaria financiera enfocada en comprar lealtades. Se habla de millones de pesos distribuidos de forma sistemática para garantizar protección, acceso a información confidencial y control territorial.
De acuerdo con la investigación, en la Fiscalía Estatal, Dámaso Castro Zaavedra, Fiscal General Adjunto es señalado de recibir aproximadamente 200 mil pesos mensuales por filtrar detalles de operativos. En mandos policiales, funcionarios como Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ambos Exjefes de la Policía de Investigación, figuran en la lista con pagos que alcanzarían hasta los 300 mil pesos mensuales para asegurar colaboración directa.
A nivel municipal, también se documentan esquemas más amplios: Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandancte de la Policía Municipal, habría percibido más de 1,600 dólares al mes, coordinando a decenas de elementos al servicio del grupo criminal, participando en actividades como secuestros y asesinatos.
El señalamiento también toca a autoridades políticas, con acusaciones de sobornos que habrían permitido al grupo operar con libertad en la capital sinaloense.
En este escenario, la atención se centra en el gobierno de Rubén Rocha Moya. Lo que se perfila no es un caso aislado, sino un posible sistema de complicidades que, de confirmarse, habría sido clave para sostener el poder del crimen organizado desde dentro del aparato gubernamental.
