En Sinaloa, la situación política dio un giro el 1 de mayo, cuando el gobernador Rubén Rocha Moya anunció que solicitaba licencia temporal para separarse de su cargo. Esto ocurrió tras las acusaciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos, que lo señalan, junto con otros funcionarios, por presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
En su mensaje, Rocha Moya explicó que la decisión fue presentada ante el Congreso del Estado y que su objetivo es facilitar el desarrollo de las investigaciones y la actuación de las autoridades mexicanas mientras se aclaran los señalamientos.
Ese mismo día, en el ámbito municipal, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también solicitó licencia temporal. La decisión fue formalizada en una sesión extraordinaria de Cabildo durante la noche del 1 de mayo, en medio del mismo contexto de acusaciones internacionales.
Como resultado, el Cabildo nombró a la síndica procuradora Ana Miriam Ramos Villarreal como alcaldesa provisional de Culiacán, cargo que asumió de manera inmediata tras la aprobación.
Un día después, hoy 2 de mayo, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la solicitud de licencia de Rocha Moya, lo que abrió el proceso para definir a un gobernador interino.
En una sesión extraordinaria, los legisladores designaron a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina del estado, quien rindió protesta este mismo día, quedando al frente del gobierno estatal mientras continúan las investigaciones y se mantiene la atención nacional e internacional sobre el caso.
Estos cambios, ocurridos en un lapso menor a 24 horas, representaron una reconfiguración acelerada en los principales niveles de gobierno dentro de Sinaloa, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre ante el rumbo político y la situación actual del estado.
