El juez de control Adán Alberto Salazar Gastelum aprobó la reapertura de la investigación por el delito de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público, derivado de la supuesta compra irregular de 45 millones de pesos en tortillas por parte de funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El asesor jurídico victimal, Janer Guillermo Sedano Sánchez, informó que el 18 de marzo solicitó a la Fiscalía girar un oficio al representante de la UAS para la obtención de información, pero le fue negado porque la investigación complementaria había fenecido el 14 de marzo, por lo que procedió a solicitar la reapertura de la investigación y un lapso de 4 meses para esta.
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Durante la audiencia explicó que es necesaria la reapertura de la investigación para solicitar los nombramientos de los integrantes del Comité de Adquisiciones de la UAS, y los rectores Juan Eulogio Guerra Liera y Jesús Madueña Molina.
Además, solicitó los auxiliares contables de Sergio Chaidez Morales, quien es el proveedor de las tortillas, así como de los comprobantes de los pagos y transferencias realizadas en el periodo 2020-2022, las órdenes de requerimiento, órdenes de compras de las casas del estudiante, comanda de entrega de casa de estudiantes, entre otra información que considera necesaria para acceder a la justicia y que se pueda resarcir el daño a la víctima (la UAS).
Los abogados de los universitarios argumentaron que esta solicitud estaba fuera de tiempo y que no había condiciones para la apertura de esta audiencia, ya que no se les había corrido traslado de las constancias que fundamentaron esta solicitud, por lo que estaban impedidos a contraargumentar, y que el asesor jurídico victimal no había notificado a la UAS de esta solicitud, y mucho menos la Casa Rosalina la había aprobado.
Por esta situación, diversos abogados interpusieron un recurso de queja en contra de Adán Alberto Salazar Gastelum.
Tras la discusión, el juez de control señaló que era importante reactivar la investigación para el esclarecimiento de los hechos, y estableció el 14 de julio como la fecha límite para realizar las diligencias planteadas en esta audiencia.
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