La licencia solicitada por Rubén Rocha Moya, en medio de los señalamientos provenientes de Estados Unidos, no cayó bien en la oposición. Desde el Congreso de Sinaloa, la diputada priista Paola Gárate fue directa: lo que está ocurriendo no es una salida de fondo, sino una simulación.
“Sinaloa no necesitaba que un tribunal extranjero nos lo dijera. Algo estaba profundamente podrido en el poder. Lo vivimos todos los días”, soltó.
Gárate reconoció que la permanencia del gobernador ya era insostenible ante la gravedad de las acusaciones, pero dejó claro que una licencia no resuelve el problema. “Sí a la separación del cargo, pero no a la simulación, no a la licencia como refugio”, dijo.
En su posicionamiento, la legisladora fue más allá y puso sobre la mesa otro punto que, aseguró, preocupa: la posibilidad de que la actual secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, quede al frente como parte del relevo.
Para el PRI, eso significaría exactamente lo mismo. “Que el gobierno interino no sea una extensión del mismo grupo político que generó esta crisis”, advirtió.
El fondo, insistió, no es solo quién se va o quién llega. “El problema no es solamente un nombre, es un modelo de poder que normalizó la violencia, que minimizó el miedo y prefirió cuidar su narrativa antes que cuidar a la gente”.
Con ese escenario, Gárate sostuvo que lo que exige hoy Sinaloa no es un movimiento administrativo, sino una investigación real, a fondo, con consecuencias. Nada de pausas temporales ni cambios cosméticos.
