A casi dos meses de que el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, fuera señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico, organizaciones de la sociedad civil advierten que su influencia política continúa presente en la vida pública del estado.
Uno de los casos que genera señalamientos es el del diputado Eligio López Portillo, quien fue elegido como presidente de la Junta de Coordinación Política, y de acuerdo con activistas, el legislador mantiene una relación cercana con Rocha Moya, lo que ha despertado inquietudes sobre la independencia de las decisiones que se toman en el poder legislativo.
Cuestionan autonomía en reforma de transparencia
Integrantes de Iniciativa Sinaloa consideraron que este contexto podría influir en las discusiones relacionadas con la reforma en materia de transparencia que aún se encuentra pendiente. Recordaron que, antes de solicitar licencia a su cargo, Rocha Moya presentó una iniciativa que, a juicio de los activistas, podría limitar los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas por parte de la ciudadanía.
"Los diputados han estado omisos como si no tuvieran palabra propia y solamente estuvieran esperando órdenes sabemos que las órdenes de Rodolfo Valenzuela se las daba Tere Guerra y sabemos que a Tere Guerra se las daba a Rubén Rocha Moya", informó Emmanuel Espinoza, integrante del CPC.
"Al llegar esta persona lo único haya compromiso y suficiente para que la ciudadanía pueda intervenir en esta en esta iniciativa en esta redacción, pero si reconocemos que esta pues la llegada Eligio podría ser una limitante, si él no muestra tiempo que va a haber un compromiso de su parte, con los trabajos de sociedad civil", agregó Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa.
El debate también ha alcanzado a distintos sectores de la oposición, donde han surgido voces que demandan cambios en la conducción del gobierno estatal y en los espacios de toma de decisiones. El tema ha cobrado relevancia en medio de las discusiones sobre transparencia, contrapesos y fortalecimiento institucional.
Mientras continúan los señalamientos y las exigencias de mayor apertura, organizaciones ciudadanas han insistido en la necesidad de garantizar que las reformas y decisiones públicas sean analizadas con plena autonomía y de cara a la sociedad.
“Que le quite más la incertidumbre a este estado a la ciudadanía y que tengamos ya quien va a tomar las decisiones de manera permanente que esté sentada a la Orillita de la silla, porque está prestada mientras a ver cuando alguien regresa o no regresa. Yo no sé lo que es bien importante, dejar las cosas claras y sobre todo dar certidumbre a quien está al frente del poder ejecutivo", mencionó la diputada local del PRI.
Señalan riesgos para la rendición de cuentas
Para los activistas, el reto no solo es impulsar reformas, sino asegurar que las instituciones actúen con independencia y que los intereses políticos no interfieran en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
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