El partido Movimiento Ciudadano presentó una denuncia formal ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) contra Morena y diversas personas vinculadas a dicho instituto político, al acusarlos de realizar actividades proselitistas fuera de los tiempos permitidos por la ley.
La dirigencia del partido opositor cuestionó severamente que se dediquen recursos y tiempo a la política electoral rumbo al proceso de 2027, mientras la entidad atraviesa por una grave crisis económica y de seguridad.
De acuerdo con el dirigente, en el expediente entregado al órgano electoral se documentan recorridos, asambleas, reuniones, visitas domiciliarias y eventos públicos en diversos municipios.
“Desde 2024 se impulsaron estas cosas adelantadas y lo siguen ratificando. Y no nada más eso, hay otro tema: las mismas personas que dejaron sus cargos no presentaron sus resultados ni dieron un informe de labores, lo que es un padrón de opacidad”. Dijo Sergio Esquer, dirigente de Movimiento Ciudadano.
Son trece morenistas señalados
Entre los señalados en el recurso legal se encuentran figuras conocidas en la función pública, como la senadora con licencia Imelda Castro Castro, la diputada local con licencia María Teresa Guerra Ochoa y la legisladora federal con licencia Graciela Domínguez Nava, quienes se suman a la alcaldesa con licencia de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez.
La segunda parte de esta lista de acusados ante el organismo electoral la conforman legisladores y exfuncionarios como Jesús Alfonso Ibarra Ramos, Ricardo Madrid Pérez, Jesús Fernando García Hernández, Rodolfo Valenzuela Sánchez y Omar López Campos.
Piden revisar el uso de recursos
Finalmente, el expediente presentado ante las autoridades electorales completa los 13 nombres con el exalcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros; el diputado local con licencia Kristiam Alexis Espinoza García; la magistrada Lucila Ayala de Moreschi; y el ciudadano Tomás de Jesús López Bajo.
Ante esta situación, el partido opositor exigió que el IEES y la Unidad Técnica de Fiscalización del INE investiguen el origen y destino del dinero utilizado en dichas movilizaciones, aplicando las medidas cautelares correspondientes.