La Fiscalía General de la República (FGR) determinó clasificar y reservar por un periodo de cinco años toda la información contenida en la carpeta de investigación sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y diputado federal electo, ocurrido el 25 de julio de 2024.
Bajo el argumento de que la difusión de los avances representa un riesgo directo para la "seguridad nacional", el debido proceso y el interés público, se mantendrá bajo reserva el expediente. Con esta resolución ministerial, los detalles técnicos y los hallazgos de las indagatorias no podrán ser consultados públicamente sino hasta el año 2031.
Investigación Caso Cuén y acusaciones contra Rocha Moya
La decisión de blindar el expediente ocurre luego del giro que tomó el caso cuando la FGR atrajo las investigaciones y descartó la versión inicial de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la cual señalaba un presunto intento de asalto en una gasolinera de Culiacán.
Los peritajes de la autoridad federal tiraron dicha hipótesis tras hallar evidencias biológicas y rastros de sangre de Cuén Ojeda en la finca de Huertos del Pedregal, sitio donde presuntamente fue secuestrado Ismael "El Mayo" Zambada antes de ser trasladado a Estados Unidos.
Cabe destacar que la investigación sigue siendo una pieza clave en el panorama político y judicial que involucra al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalado en indagatorias estadounidenses por nexos con el crimen organizado.
Pese a las solicitudes de transparencia por parte de sectores académicos, legislativos y familiares, la red de complicidades y la reconstrucción exacta de los hechos permanecerán ocultas durante los próximos cinco años.
Blindan por 5 años investigaciones de Rocha Moya y Enrique Inzunza
El pasado 8 de julio se informó sobre el blindaje absoluto en torno a las investigaciones y el estatus diplomático del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez.
De acuerdo a la información, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) activaron un "doble cerrojo" que mantendrá en secreto, durante los próximos cinco años, cualquier documento, interrogatorio o comunicación bilateral sobre los presuntos nexos de ambos políticos con el Cártel de Sinaloa.
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