La alcaldesa del municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, Guadalupe López González, fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones, quienes acusan a su administración de encabezar una presunta red de extorsión gubernamental.
Impuestos “fantasma” y multas de 1,500 millones de pesos
De acuerdo con la denuncia de la industria de telecomunicaciones, el Ayuntamiento de Salvador Alvarado califica de manera dolosa el tendido de cableado aéreo en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como una “obra en la vía pública” con el único fin de exigir pagos económicos.
Especialistas en la materia advierten que esta medida carece de sustento legal:
“El artículo 73 constitucional, fracción 17, es muy claro, o sea, todo el tema de telecomunicaciones es un ámbito de competencia federal, es una cuestión en la cual realmente los municipios no tienen la competencia para crear estos cargos, estos impuestos fantasma, que pues sí entiendo que las telefónicas puedan incluso llamar como extorsión, porque se lo están inventando”, señaló Cinthya Solís, exintegrante del Consejo Consultivo IFT.
Ante la negativa de las compañías telefónicas y de internet de ceder a estas exigencias económicas, la administración municipal procedió a imponer multas que en su conjunto superan los 1,500 millones de pesos.
Cortes de red y señalamientos de vínculos delictivos
La confrontación escaló cuando la alcaldesa, en coordinación con el director de Obras del municipio, José Ricardo Cruz Rocha (identificado como sobrino de Rocha Moya), el director de Desarrollo Urbano, Ubaldo Montes Rodríguez, y su asesor, Pedro Molineros Urías, presuntamente ordenaron el corte y la remoción física de fragmentos de la red de fibra óptica y cableado, interrumpiendo el servicio de miles de usuarios en la región.
A la gravedad de los daños materiales y el desabasto del servicio, se suman señalamientos sobre la posible intervención de terceros en estas prácticas recaudatorias:
”...pero además también muchos de estos están acompañados o tienen una relación con el crimen organizado que eso fomenta todavía más este tipo de cobros indebidos que francamente, sí caen en el ámbito de la extorsión”, explicó Cynthia Solís.
Debido a la presunta invasión de facultades federales, el daño a las vías de comunicación y las exigencias económicas ilícitas, los apoderados legales de las empresas afectadas han solicitado la intervención de la FGR para que determine las responsabilidades penales de la alcaldesa y los funcionarios involucrados.
Alcaldesa de Salvador Alvarado creció bajo el amparo de Rocha Moya
López González, militante del partido Morena y cuya trayectoria política creció bajo el amparo del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, respalda públicamente pese a los señalamientos que lo vinculan con la delincuencia organizada; asumió la alcaldía en 2024 tras haberse desempeñado como presidenta del Sistema DIF municipal.
Aunque la funcionaria ha sostenido en su discurso que “lo más importante es atender las necesidades de las familias más desprotegidas”, la actual disputa legal la señala por presuntamente privar a la población de servicios básicos como el internet debido a cobros ilícitos.
VIDEO| Rubén Rocha Moya recibe protección tras pedir licencia
