La acusación formal presentada este 29 de abril de 2026 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no solo señala nombres, sino que expone la estructura financiera con la que el Cártel de Sinaloa mantenía bajo control a las instituciones del estado.
Según el Departamento de Justicia, el grupo criminal, específicamente la facción de "Los Chapitos", destinaba sumas millonarias para infiltrar la seguridad y la procuración de justicia.
La investigación subraya que el éxito del cártel no depende únicamente de su capacidad de fuego, sino de una red de oficiales gubernamentales que recibían sobornos sistemáticos para proteger laboratorios, rutas de tráfico y dinero.
Las cifras del soborno: De la policía a la fiscalía
El comunicado estadounidense detalla montos específicos que recibían funcionarios clave a cambio de servir como informantes o brazos ejecutores del grupo delictivo:
En la Fiscalía General del Estado, Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adscrito, es señalado de recibir aproximadamente 200 mil pesos mensuales (equivalentes a 11 mil dólares) por filtrar información sobre operativos planeados con apoyo de Estados Unidos.
En los mandos policiales: Otros funcionarios como Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, figuraban en listas con pagos de hasta 300 mil pesos mensuales.
Policía Municipal de Culiacán: Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandaba una red de más de 40 oficiales a disposición del cártel. Recibía más de 1,600 dólares mensuales y facilitaba el uso de agentes para secuestros y asesinatos.
Infiltración en el poder municipal y estatal
La acusación vincula directamente al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, de haber recibido sobornos para permitir la libre operación de la organización en la capital sinaloense y brindar protección ante operativos antinarcóticos.
Esta red de complicidades permitía a "Los Chapitos" tener acceso total a la fuerza pública, llegando al extremo de colaborar en el secuestro y asesinato de fuentes confidenciales de la DEA. Para las autoridades de Estados Unidos, estas figuras políticas y de seguridad no eran solo colaboradores, sino piezas fundamentales del engranaje criminal que permitía al cártel mantener su dominio sobre el territorio.
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