En tan solo 24 horas se han registrado dos riñas en el penal de El Castillo, en el puerto de Mazatlán, donde lleva como saldo 12 personas sin vida, entre ellas, un menor de edad que iba a visitar a su padre.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, fueron 10 personas las que perdieron la vida el jueves 8 de octubre tras la riña registrada al interior del Penal. Entre los decesos, las autoridades confirmaron que 9 eran reclusos del penal, y un menor de edad que se encontraba de visita familiar, además de 16 personas privadas de la libertad resultaron lesionadas tras los hechos.
La mañana de este viernes 9 de octubre se volvió a registrar otra riña dentro del Centro Penitenciario El Castillo, que dejó como saldo dos reos sin vida, sumando un total de 12 personas sin vida.
¿Otro penal en Sinaloa?
Por su parte, la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, dio a conocer que comenzarán con la construcción de otro penal en Sinaloa, supuestamente para “despresurizar” las situaciones de riñas entre personas privadas de la libertad, pero ¿tuvo que pasar esta situación donde perdieron la vida 12 personas para tomar esa decisión?
Cabe destacar que la violencia al interior de los penales de Sinaloa se ha repetido en otros episodios recientes: el 24 de septiembre murieron dos internos en El Castillo, mientras que el 31 de mayo fueron asesinados siete presos en el penal de Aguaruto, en Culiacán, de acuerdo con información de la Fiscalía estatal.
A estos hechos se suman las deficiencias señaladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en su diagnóstico de 2025 calificó al penal El Castillo con 5.25 sobre 10, debido a problemas como la falta de personal de custodia, la presencia de actividades ilícitas y las carencias en la prevención de hechos violentos.
La pregunta es ¿de qué sirve construir un nuevo penal si la violencia y la inseguridad continúan dentro de las cárceles de Sinaloa? Esta problemática persiste desde la administración del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, sin que se garantice la seguridad de las personas privadas de la libertad.
