El ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y cuatro ex funcionarios del Ayuntamiento de Culiacán volvieron a ser vinculados a proceso.
Jesús Estrada Ferreiro y los exfuncionarios fueron vinculados por el delito de desempeño irregular de la función pública en detrimento del Ayuntamiento de Culiacán, por la supuesta contratación irregular de 40 camiones recolectores y compactadores de basura.
Los otros vinculados a proceso son los ex integrantes del Comité de Adquisiciones: Othón Herrera y Cairo Yarahuan, María Antonia Sarabia Ibarra, Alejandro Amézquita Villaseñor y Angelina Marisela Gutiérrez González.
Los cinco ex funcionarios municipales arribaron este viernes a la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la Zona, confiados en quedar absueltos de este delito, ya que la audiencia era para atender el amparo federal 1191/2022, conseguido en contra del auto de vinculación a proceso del 17 de octubre del 22.
De acuerdo con el amparo, en aquella ocasión la acusación se sustentó en el reglamento municipal, lo que violentada el derecho de reserva de ley y transgredía el derecho de la exacta aplicación de la ley penal, por lo que se concedió la protesta solicitada a los imputados y ordenaba al juez de control, Adán Alberto Salazar Gastelum, a dejar sin efecto el acto de vinculación del mes de octubre de 2022.
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Salazar Gastelum acató la orden federal y dejó insubsistente dicha resolución, pero durante la misma audiencia ratificó la ilegalidad del hecho con base a la Ley de Adquisiciones del Estado de Sinaloa, estableciendo que no se llevó a cabo la licitación de los camiones para garantizar las mejores condiciones de contrato, en cuanto a calidad y precio, para el municipio.
Tras la resolución del juez, la Fiscalía solicitó como medidas cautelares que los imputados se presentarán a firmar cada mes al juzgado y el no poder salir del país sin un permiso, pero Adán Alberto Salazar consideró que no había necesidad de que estas fueran impuestas ya que a lo largo de todo el proceso los acusados no han mostrado intenciones de evadir la justicia.
Por otro lado, la Fiscalía solicitó un nuevo plazo de 3 meses para llevar a cabo la investigación complementaria, pero la defensa de los exfuncionarios señaló que no existía razón para tomar esta medida, ya que se estaba actuando en consecuencia de un delito que ya estaba siendo investigado. Tras la discusión, el juez de control determinó un plazo intermedio de dos meses y estableció que será el 20 de diciembre cuando se lleve a cabo la audiencia intermedia.