La crisis política y de inseguridad que rodea al estado de Sinaloa escaló este jueves luego de que trascendiera que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, así como de tres de sus hijos; además del senador Enrique Inzunza Cázarez y otros nueve implicados.
La medida deriva del acuerdo 156/2026 emitido el pasado 6 de mayo, como parte de las investigaciones internacionales; dicho documento establece el bloqueo inmediato de movimientos bancarios mientras avanzan las indagatorias contra los involucrados.
A través de un acuerdo se limitaron movimientos financieros
Dicha información detalla que, el acuerdo contempla la suspensión total de sus cuentas, tras las acusaciones presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses, activos y retirados, por presunta conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos.
Según el gobierno estadounidense, Rocha Moya también habría recibido respaldo de un grupo criminal para llegar al poder en 2021, presuntamente a cambio de brindar impunidad y protección a sus operaciones.
Autoridades sin confirmar: no han emitido una postura
hasta el momento, no existe una postura pública detallada por parte de la UIF ni de la Secretaría de Hacienda sobre el caso; entretanto, el silencio oficial desde el Gobierno de Sinaloa continúa alimentando la incertidumbre política y el impacto mediático sobre la administración estatal.
