Con consignas, pancartas y llamados a la defensa de la Bahía de Ohuira, habitantes de Topolobampo se manifestaron una vez más en contra de la planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), protesta en la que también expresaron su rechazo a la postura del gobierno estatal y al respaldo que, aseguran, ha brindado al proyecto.
La movilización ocurrió apenas un día después de que diversos sectores del puerto permanecieran sin energía eléctrica debido a trabajos anunciados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para los inconformes, la suspensión del servicio coincidió con el ingreso y traslado de infraestructura de gran tamaño hacia la zona donde se construye la planta, situación que generó molestia e incrementó la desconfianza hacia las autoridades.
“Nos dijeron que eran trabajos de mejora, pero casualmente el apagón coincidió con las maniobras para seguir avanzando la planta; la gente tiene derecho a cuestionar lo que está ocurriendo”, expresó uno de los participantes durante la manifestación.
Los manifestantes también dirigieron sus críticas hacia la gobernadora interina Yeraldine Bonilla y el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, al considerar que ambos han respaldado públicamente la instalación de la planta sin atender plenamente las preocupaciones de quienes viven en la región.
“Nos sentimos abandonados por nuestras autoridades, hablan de inversión y desarrollo, pero no hablan de los riesgos que enfrentan nuestras familias, nuestros pescadores y nuestra bahía”, afirmaron.
Detallaron que el propio Estudio de Riesgo Ambiental del proyecto contempla escenarios de fuga de amoníaco que podrían representar riesgos para la población en caso de una contingencia.
Asimismo, señalaron que especialistas y organizaciones ambientalistas han advertido sobre posibles afectaciones a la biodiversidad de la Bahía de Ohuira, particularmente a especies marinas fundamentales para la actividad pesquera de la región.
Aseveraron que donde se pretende instalar esta planta es territorio de la comunidad indígena Mayo-Yoreme, cuyos integrantes también expresaron su preocupación por las posibles afectaciones.
“La bahía vale más que cualquier inversión, el desarrollo no puede construirse poniendo en riesgo el patrimonio natural que heredaremos a nuestros hijos”.
Finalmente, hicieron un llamado a la actual administración morenista para que escuchen la voz de las comunidades de la Bahía de Ohuira y respeten el derecho de los pueblos originarios a ser consultados de manera libre, previa e informada sobre proyectos que impacten su territorio.
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