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Interpol emite ficha roja contra Rubén Rocha Moya por presuntos nexos con el narcotráfico

La Interpol activó la alerta de captura para el gobernador con licencia de Sinaloa y nueve funcionarios más. El caso se deriva de una orden de aprehensión de la Fiscalía de Nueva York vinculada al cártel de Sinaloa

Rubén Rocha Moya
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El proceso judicial que involucra a servidores públicos de Sinaloa con el crimen organizado se extendió formalmente al plano internacional.

Autoridades oficiales confirmaron la emisión de una ficha roja por parte de la Interpol en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios estatales, quienes son requeridos por las autoridades de los Estados Unidos.

Esta medida surge de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Nueva York, lo que pone en marcha los mecanismos de localización y detención en los más de 190 países miembros de la organización policial.

Se detalló que, debido al mandato judicial estadounidense, las alertas se encuentran vigentes para capturar a los señalados en caso de que abandonen el territorio mexicano.

Desconocen ubicación exacta tras 20 días

El paradero preciso de Rubén Rocha Moya no se ha reportado de manera pública desde hace 20 días, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señaló por presuntos vínculos con la facción de "Los Chapitos", un brazo del Cártel de Sinaloa.

Cabe destacar que, dentro de este mismo caso, el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida, ya se encuentra bajo custodia de las autoridades norteamericanas.

Reportes de seguridad afirman que permanece en Sinaloa

Pese a los cuestionamientos sobre su ubicación y los rumores que indicaban que había salido del país, autoridades de seguridad afirmaron el pasado miércoles 20 de mayo que el gobernador con licencia no ha abandonado el territorio sinaloense.

Según la información proporcionada, Rocha Moya no dispone de protección por parte de instituciones del gobierno federal; en su lugar, mantiene un resguardo por elementos de la Policía Estatal, financiados con recursos públicos.

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