La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó ejecutar la detención de Rubén Rocha Moya tras la petición realizada por el gobierno de Estados Unidos.
Según la institución, las imputaciones contra el mandatario sinaloense no corresponden aún a un proceso de extradición formal, sino a un requerimiento de medida cautelar.
Raúl Jiménez Vázquez, Fiscal Especializado de Control Competencial, sostuvo los siguientes puntos para frenar la captura:
Ejecutar la aprehensión en este momento representaría una violación a los derechos humanos del funcionario.
La detención sólo procedería si se presentan "pruebas sólidas" que acrediten los delitos señalados.
La autoridad ministerial afirma que el pedimento de extradición no cuenta con evidencias anexas que demuestren la comisión de un ilícito.
Denuncian blindaje y protección política
Diversos sectores han interpretado esta postura como un esquema de protección hacia el mandatario estatal y nueve de sus colaboradores.
La gestión de Ernestina Godoy ha quedado bajo la lupa, siendo señalada por operar un presunto blindaje político desde las esferas de procuración de justicia.
La imparcialidad de la fiscalía ha sido cuestionada por expertos y voces críticas debido a la trayectoria de Ernestina Godoy, una de las figuras fundadoras del partido Morena.
Su estrecha vinculación con el oficialismo y su pasado en la fiscalía capitalina alimentan las sospechas de que su labor actual tiene como objetivo proteger a los aliados políticos del movimiento.
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