Las detenciones de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa, y de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, ambos durante el mandato del gobernador de Morena, Rubén Rocha Moya, generaron fuertes reacciones entre especialistas en seguridad, quienes consideran que dichos personajes habrían optado por enfrentar procesos fuera de México ante la falta de confianza en las instituciones nacionales.
De acuerdo con los expertos, el hecho de que las investigaciones y capturas estén siendo encabezadas por autoridades estadounidenses representa un golpe para la credibilidad del gobierno mexicano y particularmente para el entorno político de Sinaloa, al exhibir que las indagatorias de mayor peso no están surgiendo desde las fiscalías en México.
Alberto Capella, especialista en seguridad, dijo: “confiaron más en la justicia norteamericana estas dos personas que en la justicia mexicana. Me pregunto por qué no acudieron a la FGR a presentarse, dar la cara y a decir 'aquí estamos'; prefirieron, contra el discurso oficialista, acudir a Estados Unidos y entregarse allá porque probablemente ven otro tipo de situaciones muy distintas a las que la parte del régimen ha querido plantear su narrativa”.
Mérida y Díaz podían convertirse en piezas claves en la investigación contra Rocha
Advirtió que tanto Mérida Sánchez como Díaz Vega podrían convertirse en piezas clave dentro de las investigaciones estadounidenses contra Rocha Moya, principalmente si deciden colaborar a cambio de beneficios judiciales, reducción de penas o protección para ellos y sus familias.
Capella mencionó: “van a tener posibilidades muy concretas de decir 'yo vi esto, yo escuché esto' (...) El checkmate o el jaque mate lo van a hacer en el momento que lo logren tener allá con ellos, pero no tiene salida, no hay movida por parte de Rocha Moya que pueda de alguna manera salvarlo”.
Tampoco descartó la versión que circula en distintos espacios sobre una presunta entrega relacionada con el senador Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno de Rocha, luego de que su nombre también apareciera dentro del listado de funcionarios con vínculos con el crimen organizado.
“Hay que analizar el histórico de sus carreras, sus trayectorias políticas, institucionales, ver cómo llegaron ahí, por qué llegaron, quién los apadrinó, quién los recomendó”, añadió.
Asegura que podría ser apenas el inicio de nuevas investigaciones contra figuras cercanas al poder en la entidad; mientras tanto, el silencio de las autoridades locales continúa alimentando sospechas y cuestionamientos públicos.
VIDEO| Silencio de Yeraldine Bonilla alimenta incertidumbre sobre Rocha Moya