Se cumplen 9 días de la solicitud de aprehensión y extradición de Rubén Rocha Moya y los otros 9 funcionarios, pero el Palacio se resiste a entregarlos. Ya sin justificaciones simplemente rechazan la petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. A pesar del ultimátum de Donald Trump en el cual advierte que si el gobierno mexicano no actúa ellos lo harán, también ignoraron la advertencia del fiscal Todd Blanch de que ya tiene listas más órdenes de aprehensión contra narcopolíticos mexicanos. López Obrador y el Palacio no quieren enviar a los suyos a decir lo que saben en los tribunales de Brooklyn. Seguramente lo que sabe Rocha Moya, lo que sabe el senador Insunza y lo que saben los otros gobernadores y funcionarios que están en la mira de los Estados Unidos no es muy distinto a lo que hemos vivido en México durante los últimos años. Es que no solamente se trata del cártel de Sinaloa y Rocha Moya, son otras cinco organizaciones criminales consideradas como terroristas por el presidente Trump que actuaron en complicidad con gobernantes en varios estados del país. Y esta información la saben las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, saben quién es quién. Pero también lo saben las fiscalías en México. Y lo saben las gobernadoras, los gobernadores que se aliaron con el crimen. Y también lo saben las familias de los 200 mil muertos que ha dejado la violencia en el gobierno de López Obrador. Por esta razón un grupo de activistas, representando no solamente el dolor sino también el hartazgo ciudadano, decidieron hacer visible su protesta frente a los balcones del Palacio Nacional. Lo hicieron colocando una manta gigantesca con una demanda contundente, decía que el gobierno rompa el pacto y deje de proteger a narco gobernantes. Pero El autoritarismo y la intolerancia del gobierno trató de callar esa voz que se escucha en todos los estados afectados por la narcoguerra. Quitaron la manta del Zócalo, pero la denuncia continúa.
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