Una controversia legal en Sinaloa pone a debate los límites entre la privacidad y la violencia política de género, luego de que una diputada de Morena denunciara a una ciudadana por conversaciones en un chat privado.
Más allá de consolidar el poder político y electoral que Morena ha acumulado en la última década, ahora también se abre un debate sobre los límites entre la libertad de expresión y las denuncias por violencia política, incluso cuando se trata de conversaciones privadas entre ciudadanos.
Una muestra de esta controversia se registra en Sinaloa, donde una ciudadana fue denunciada por presunta violencia política en razón de género a partir de mensajes privados en WhatsApp.
La denuncia fue presentada por la diputada con licencia Almendra Negrete Sánchez, quien también se desempeña como secretaria de Diversidad de Morena.
La ciudadana señalada, Emma Zermeño, explicó que el caso fue desechado en un primer momento por el tribunal electoral local; sin embargo, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Guadalajara, ordenó modificar esa resolución y revisar el asunto.
Sobre esto, Zermeño advirtió que de sostenerse este criterio, nadie estará a salvo en su intimidad, pues envía un mensaje de miedo a toda la ciudadanía donde hablar en privacidad no es seguro y cualquier palabra en chat podría ser filtrada, reinterpretada y convertida en un castigo público.
Esta decisión ha sido calificada por algunos activistas como un posible exceso en el uso de los mecanismos legales, al considerar que los tribunales terminan protegiendo a actores políticos frente a expresiones ciudadanas.
Emma Zermeño señaló que no conoce a la diputada ni ha entablado conversación con ella, e incluso mencionó que la resolución del TESIN indicaba que no hay violencia porque no hay cómo sustentar que se estén impidiendo sus labores.
Aunque Emma Zermeño presentó un recurso de revisión contra la resolución emitida por la Sala Regional de Guadalajara, el caso todavía no ha sido resuelto.
Por su parte, la activista Korina Cervantes manifestó que no está el piso parejo y pidió que se resuelva en favor de la ciudadanía y no de quienes tienen el poder político.
El fondo del asunto ha reavivado una discusión más amplia sobre hasta dónde llegan los alcances de las leyes electorales y en qué momento pueden entrar en conflicto con derechos como la privacidad y la libertad de expresión.
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