Ante la polémica entre la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, y la impulsora de Cultura y de las Artes (IMCA) en Los Mochis, por el posible cierre de tres recintos culturales, educativos y de entretenimiento, el sector empresarial en Ahome manifestó su desacuerdo con las decisiones tomadas por las autoridades.
Señalan que los espacios afectados son el Teatro Ingenio, el Trapiche Museo Interactivo y el Centro de Innovación y Educación (CIE). En estos lugares ya dio inicio la liquidación del personal debido a la falta de entrega de un recurso de 22 millones de pesos por parte del Gobierno Estatal.
Exigen aclaración antes de un cambio administrativo
Por ello, los empresarios detallaron que, pese a la explicación de la gobernadora sobre una presunta falta de transparencia por parte del personal de IMCA Los Mochis, lo prioritario es aclarar el manejo del presupuesto mediante auditorías antes de transferir la responsabilidad a otra administración. Asimismo, expresaron su temor por el destino de estos inmuebles en medio de la crisis de inseguridad en la entidad.
“Con el pretexto de que había mal uso de los recursos, primero, antes de pensar a quién se los vamos a dar, aclara en qué consiste ese mal uso, comprueba y haz revisiones o auditorías.”
Además, reconocieron que los tres edificios se encuentran actualmente en óptimas condiciones estructurales y de seguridad, por lo que advierten que un cambio en la administración podría deteriorar su funcionamiento.
Otras prioridades, en vez de operar los espacios
Respecto a la posibilidad de que el Ayuntamiento de Ahome asuma el control de los inmuebles, el sector empresarial consideró que las autoridades municipales deben enfocar sus esfuerzos y presupuesto en atender las carencias en los servicios públicos.
“Tenemos muchas más prioridades antes de operar eso, como la infraestructura de servicios públicos. No creemos que estemos en las mejores condiciones para que el Ayuntamiento asuma un costo de ese tamaño.”
La fecha proyectada para el cierre definitivo de los tres espacios está prevista para el 31 de agosto, según informaron trabajadores del IMCA, quienes indicaron que hasta el momento no se ha establecido un diálogo con la administración estatal para alcanzar un acuerdo.
