En medio de deudas, infraestructura insuficiente, reportes que no cesan y abandono institucional, fundaciones encargadas de atender casos de maltrato animal intentan sobrevivir, sin embargo, su operatividad está en riesgo.
"Se vuelve insostenible el tener un albergue la verdad, más el costo operativo, tienes que pagar servicios, más que tienes que pagar a los empleados", comparte Marisela Castaños, presidenta de Fundación Balto y Togo.
Casos de maltrato rebasan capacidad de asociaciones
A raíz del brote de violencia de septiembre de 2024, los casos de abandono animal en Sinaloa aumentaron hasta 60%, refieren animalistas; reciben hasta 300 reportes diarios, situación que dificulta su capacidad de atención.
"Tenemos muchas denuncias de que llegan a nosotros, no quieren ir al ayuntamiento con el regidor de los animales, ni quieren ir a GEPA, al grupo especializado en protección animal, porque dicen que no les hacen caso", señala Marisela Castaños.
Alto nivel de impunidad en casos de maltrato animal
Pese a que en Sinaloa los actos de maltrato y crueldad contra animales constituyen un delito y son sancionados por la Ley de Protección Animal, en la práctica, la legislación se aplica de manera limitada y con un alto nivel de impunidad.
"Letra muerta la Ley de Protección Animal, reglamento municipal igual, regidores de los animales es una figura emblemática porque realmente no se está atendiendo en ningún municipio como se debería atender, no hay voluntad política por parte de las autoridades", denuncia la presidenta de Fundación Balto y Togo.
A esta problemática se suma la falta de un registro nacional que permita conocer con precisión cuántos animales viven en situación de calle, lo que dificulta el diseño de políticas públicas y estrategias de atención.
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